El gobierno del presidente Javier Milei se prepara para lanzar la licitación para Belgrano Cargas, la compañía estatal que entró en la lista de empresas sujetas a privatización en la Ley de Bases, en 2024. La inminencia del llamado a licitación se da luego de que la administración libertaria expusiera ante empresarios los principales lineamientos del plan y sus plazos en el Argentina Week, al que accedió NA, que se realizó en Nueva York a mediados de mes. La propuesta gubernamental apunta a un esquema de 'acceso abierto' (Open Access, en inglés), que permite un uso libre de la vía aún sin tener potestad sobre ella, y desintegración vertical, en el que la concesión para operar los trenes y la del mantenimiento de la infraestructura férrea no necesariamente van por el mismo carril. Estos parámetros generan inquietud entre las firmas interesadas en participar de la compulsa porque no coinciden con los criterios internacionales que rigen en la materia, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas. En este sentido, el modelo de Open Access implica que cualquier empresa puede usar las vías a pesar de no tener la concesión adjudicada, lo cual no aplica para servicios de carga en ningún otro lugar del mundo. Una vez abierto dicho proceso habrá 90 días para presentar las ofertas. Bajo el mismo diagrama, una vez cerrado el plazo habrá un mes para evaluar las propuestas y otros 30 días para efectuar la firma del contrato, por lo que sería a mitad de año. En Europa está permitido solo para el transporte de pasajeros y con la participación del Estado en la subvención de la vía. Con respecto a la desintegración de la administración ferroviaria, la iniciativa oficial apunta a abrir el juego y licitar las vías por un lado, el material rodante por otro y los talleres por otro.
El gobierno de Argentina se prepara para la privatización de Belgrano Cargas
El gobierno del presidente Javier Milei anuncia el próximo lanzamiento de la licitación para la privatización de la empresa ferroviaria Belgrano Cargas. El proyecto, valorado en 755 millones de dólares, ha recibido críticas debido al modelo de 'acceso abierto' propuesto, que contradice los estándares internacionales.